Dra. Abril Cid Salinas

Asesora científica

Cuenta con una maestría en ciencias, una especialidad en economía ambiental y ecológica y, actualmente, es candidata a doctora en el Posgrado en Ciencias de la Sostenibilidad, en la Universidad Nacional Autónoma de México. Su proyecto de doctorado se dirige a analizar las capacidades institucionales de gobiernos locales para responder y adaptarse a fenómenos perturbadores y a tensiones socioambientales crónicas en México.

Además de su experiencia académica, se ha desempeñado como funcionario público y consultor. En el sector público, se desempeñó como jefa de departamento de políticas ambientales en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Como consultor ha trabajado en proyectos de evaluación de impacto ambiental, de análisis de capacidades adaptativas locales para el cambio climático y en temas de divulgación científica.

En su trayectoria académica y profesional, ha colaborado en el desarrollo de insumos técnicos para instrumentos de planeación ambiental, como el Programa de Ordenamiento Ecológico Marino Regional del Pacífico Norte de la SEMARNAT, y para el Atlas Nacional de Vulnerabilidad, como la Medición multidimensional de capacidad institucional a nivel municipal que fomente la adaptación al cambio climático en México, como parte de la colaboración entre el INECC, PNUD y Transparencia Mexicana, A.C. Además, ha trabajado como coordinador y colaborador técnico en el desarrollo de análisis de vulnerabilidad en la Zona Patrimonial de Xochimilco, Milpa Alta y Tláhuac y en la construcción del Sistema de Monitoreo, Reporte y Verificación de la Estrategia de Resiliencia de la CDMX, como parte de la colaboración entre la Agencia de Resiliencia de la CDMX y el Laboratorio Nacional de Ciencias de la Sostenibilidad, del Instituto de Ecología, de la UNAM.

Actualmente, Abril se desempeña como consultor en Ithaca Environmental colaborando en proyectos de adaptación basada en ecosistemas (componente de gobernanza en proyecto de Cuencas Verdes); de fortalecimiento de capacidades de funcionarios públicos materia de financiamiento climático (para una Junta Intermunicipal de Medio Ambiente -AMUSUR- en Quintana Roo, para BANOBRAS y para municipalidades en Ecuador); y para la creación de espacios de diálogo multi-actor en materia de política pública costera.